Divorcios » Blog » Divorcio » Divorcio contencioso » Abogado para separación y divorcio contencioso

Si no fuera posible una separación o un divorcio amistoso, existe la opción de emprender una demanda de separación o de divorcio contencioso. Lamentablemente, los procedimientos de separación y divorcio contencioso están en auge. Llegados a este punto, la experiencia nos demuestra que es grandísimo el coste emocional y económico, por lo que recomendamos escoger letrados especializados en separaciones y divorcios contenciosos.

¿Cuándo puede incoarse un procedimiento de separación o de divorcio?

Como sucede con el procedimiento de separación o de divorcio de mutuo acuerdo, también puede el procedimiento de separación o de divorcio contencioso incoarse después de transcurridos tres meses desde el día en que se contrajo el matrimonio. Y también se permite que pueda incoarse la separación o el divorcio contencioso desde el día siguiente al día en que se contrae matrimonio cuando se acredite que existe algún acto de violencia de género, un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, o la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos.

¿Y si se tratase de un caso de violencia de género?

En el caso de tratarse de un caso de violencia de género dentro del matrimonio y quererse conseguir la separación o el divorcio en el período que va entre el día siguiente al propio matrimonio y los tres meses siguientes, se aconseja acreditar la presentación de denuncia por el delito alegado para asegurar que pueda prosperar tal demanda divorcio y que el Juez que esté conociendo del asunto no se declare incompetente de acuerdo con el artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por lo que al Juzgado competente, cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer de los que esté conociendo un Juzgado del orden Penal con competencia en materia de violencia de género, el Juzgado de lo Civil ante el que se presentara la demanda de separación o de divorcio perderá su competencia en favor de aquél. Así puede deducirse del artículo 87 ter apartado 2 letra b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 49 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En caso de existir un padre agresor

Con respecto a la situación del hijo cuyo padre es un agresor, todavía se trata de una materia `peliaguda´. Actualmente en España, sólamente está regulada la suspensión del régimen de visitas con uno de los padres en casos extraordinarios, como se deduce del tenor  del artículo 94 del Código Civil, el cual faculta al Juez para limitar o suspender las visitas y comunicación cuando se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen, y se incumplan gravemente y reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Sin embargo, no se recoge como causa por la que pueda exigírsele al Juez la suspensión del régimen de visitas de un padre biológico agresor, lo que da lugar a que en ocasiones este derecho prime sobre la estabilidad psicológica del hijo menor testigo-víctima de violencia de genero.

¿Quién decide todos los aspectos concernientes a los menores y a los mayores económicamente dependientes, si los hubiera?

En el caso de que los cónyuges no lleguen a ningún acuerdo, será el Juzgado competente el que establezca todos los aspectos relativos a los menores, como son la patria potestad, la guarda y custodia, el régimen de visitas y vacaciones, los alimentos y el uso del domicilio conyugal, decisión que deberá siempre ser adoptada en beneficio de los menores.

También decidirá el Juzgado competente sobre la pensión de alimentos que pueda corresponder a los hijos menores y mayores de edad dependientes económicamente y que convivieran en el domicilio familiar. La pensión de alimentos dependerá de los ingresos del cónyuge que esté obligado a pagarla y de las necesidades de quien la recibe, teniendo en cuenta que debe cubrir gastos de alimentación, habitación, educación, sanidad, vestido, ocio, así como cualquier otro que se considere necesario.

¿A quién le corresponde el domicilio conyugal?

Cuando no haya descendencia, el Juzgado otorgará el uso de domicilio conyugal a aquel de los cónyuges que, atendidas las circunstancias, tenga un interés más necesitado de protección.


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¿Puede cualquiera de los cónyuges solicitar una pensión compensatoria?

Sí, el cónyuge al que la separación o el divorcio le produzca un desequilibrio económico, en relación con la posición del otro, podrá solicitar una pensión compensatoria al Juzgado. La pensión compensatoria podrá ser temporal,  indefinida, o incluso una prestación única. Se establece mediante Sentencia, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges; la edad y el estado de salud; la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo; la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; la dedicación pasada y futura a la familia; la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; la pérdida eventual de un derecho de pensión; el caudal y los medios económicos y las necesidades del uno y del otro cónyuge así como cualquier otra circunstancia relevante.

El Juzgado establecerá la revalorización tanto de las pensiones alimenticias de los hijos como de la pensión compensatoria acordadas en la Sentencia.

¿Qué procedimiento sigue el procedimiento de separación o de divorcio contencioso?

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas de separación y divorcio contenciosas se sustanciarán por los trámites del juicio verbal.

Con respecto a los documentos que deberán acompañarse a la demanda de separación o de divorcio contencioso, estos serán la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como los documentos en que el cónyuge funde su derecho. Además, si se solicitaran medidas de carácter patrimonial, el demandante deberá aportar los documentos de que disponga que permitan evaluar la situación económica de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, tales como declaraciones tributarias, nóminas, certificaciones bancarias, títulos de propiedad o certificaciones registrales.

Suplico

Es en el momento de presentarse la demanda cuando debe pedirse en el suplico de dicha demanda la petición que fija el objeto del proceso. Se tienen que expresar separadamente todos los pronunciamientos judiciales que se pretendan, así como las peticiones subsidiarias para el caso de que no se estimen las principales.

Es fundamental recoger en dicho Suplico los pronunciamientos complementarios del divorcio, es decir, las medidas definitivas a adoptar, como son la custodia de los hijos, el uso de la vivienda familiar y del ajuar, el régimen de visitas al cónyuge no custodio, la resolución referente a la patria potestad (si es compartida o si debe privarse de ella al otro progenitor), la pensión de alimentos para los hijos con la cuantía y los criterios de actualización anual de la misma,  la administración de los bienes de la sociedad de gananciales, las garantías o embargos necesarios para asegurar las pensiones, revocación de poderes entre los cónyuges, la compensación económica para el cónyuge al que se produce desequilibrio económico como consecuencia del divorcio, y la petición de pronunciamiento sobre las costas. El contenido sustantivo de estas  medidas definitivas se regulan en los artículos 90 a 101 del Código Civil.

En caso de incomparecencia

Cuando se celebre la vista, las partes deberán concurrir por sí mismas, y serán apercibidas de que su incomparecencia sin causa justificada podrá determinar que se consideren admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca para fundamentar sus peticiones sobre medidas definitivas de carácter patrimonial. Además, también es obligatoria la presencia en la vista de los abogados respectivos.

Si se estimase necesario de oficio por el Juez o a petición del Ministerio Fiscal, de las partes, de los miembros del equipo técnico judicial o del propio menor, se oirá a los hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los mayores de doce años. En el caso de que se lleven a cabo exploraciones de menores, el Juez garantizará que el menor pueda ser oído en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas y, recabará el auxilio de especialistas cuando sea necesario.

¿Puede un procedimiento de separación o de divorcio contencioso pasar a ser un procedimiento amistoso?

En efecto. A pesar de que las partes se encuentren inmersas en un procedimiento de separación o de divorcio por vía contenciosa, podrán solicitar en cualquier momento que se transforme en mutuo acuerdo. Con esto, el Juez se dictará la correspondiente Sentencia de conformidad con los acuerdos adoptados por los cónyuges.

¿Puede presentarse un recurso de apelación contra una Sentencia de separación o de divorcio contencioso?

Sí. En el supuesto en que alguna de las partes no estuviera de acuerdo con el contenido de la Sentencia dictada por el Juzgado, podrá presentar recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial.

Puede recurrir cualquiera de las partes o las dos, presentando un escrito motivado en el cual se detalle con qué parte de la Sentencia no se está de acuerdo y por qué motivos. Dicho recurso habrá de ir firmado por abogado y procurador, y se presenta en el mismo Juzgado que dicta la Sentencia, el cual se encarga de pasarlo a la Audiencia Provincial.

Una vez en la audiencia, y sin necesidad de celebrar un nuevo juicio, se dicta Sentencia, la cual bien confirma la Sentencia de Primera Instancia, o bien rectifica alguno de los puntos contenidos en esta última.

Plazo de apelación

El plazo para apelar la sentencia de divorcio es de 20 días hábiles desde que se notifica al procurador. Al hablar de días hábiles no se cuentan, por tanto, sábados, domingos, festivos ni tampoco el mes de agosto.

La experiencia nos dice que debe serse basta cauto para apelar la Sentencia de Primera Instancia y analizarse caso por caso. Para ser honestos, con vistas a ahorrar el coste de abogados y procuradores a las partes, se aconseja apelar sólo si existen errores, incongruencias, desequilibrios patentes entre ambas partes, o pruebas cuya práctica no se hubiera permitido en Primera instancia, antecedentes de tribunales superiores en un sentido distinto al de la sentencia y favorable al interés de las partes, etc.


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